AFP - El Gobierno es acusado por el Partido Popular de "debilidad" en su política con el ejecutivo venezolano del presidente Hugo Chávez, por su reacción tras estimar un juez que Caracas podría estar implicado en la relación entre ETA y las FARC.El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero practica "una política exterior con relación a ciertos países de una complacencia absoluta hagan lo que hagan", explicó a la AFP Alejandro Muñoz-Alonso, portavoz del PP en la comisión de Exteriores del Senado, que también incluye en estos países a Cuba y Marruecos.Hace 10 días, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó a 13 miembros de ETA y las FARC en un auto judicial en el que señala que la colaboración entre la banda armada y la guerrilla colombiana contó con "cooperación gubernamental" venezolana.Mientras Caracas negó los hechos, que deben investigarse, Madrid pidió colaboración a Venezuela en la lucha antiterrorista y, días después, ambos emitieron un comunicado conjunto para subrayar sus excelentes relaciones y asegurar que colaborarán contra ETA, que según un miembro del Gobierno "zanja cualquier polémica".Seguidamente, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, declaró que el juez Velasco está "asociado a la mafia del ex presidente (del Gobierno) José María Aznar, a lo peor del Partido Popular y a sectores de la ultraderecha". Zapatero estimó "inaceptables" estas declaraciones y recordó que también en 2007 defendió a Aznar de las críticas de Chávez en la Cumbre Iberoamericana. En ese evento, el rey Juan Carlos aconsejó un famoso "¿Por qué no te callas?" a Chávez después que éste llamase "fascista" a Aznar, quien según el dirigente venezolano apoyó el golpe de estado que le sacó momentáneamente de la presidencia en 2002.Pero las acciones del Gobierno tras el auto judicial fueron criticadas esta semana por el PP, que considera que el Ejecutivo es demasiado condescendiente con Caracas. El comunicado conjunto, que los Gobiernos suelen aprobar después de reuniones bilatarales o cumbres, fue calificado de "disparatado" por el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui.Y las declaraciones de Maduro llevaron al líder del PP, Mariano Rajoy, a pedir a Zapatero que además convocara al embajador venezolano para expresarle su "más enérgica protesta", ya que "si no, se puede transmitir la sensación de que insultar a España o a su Gobierno es gratis"."El Gobierno español está haciendo una muestra de debilidad, y la debilidad en política internacional siempre tiene muy mala retribución", estimó Muñoz Alonso.El Ejecutivo alega que sus prioridades son luchar contra ETA y salvaguardar los intereses económicos de las empresas y ciudadanos españoles instalados en Venezuela."La política de Venezuela puede ser muy errática en cuanto a los intereses extranjeros", por eso "España no tiene interés en enfrentarse", aunque también debe "tener un comportamiento serio en temas de diplomacia", dijo a la AFP Ángeles Sánchez Díaz, coordinadora del Observatorio de Política Exterior (Opex)."Es lógico que cuando hay una resolución judicial de la Audiencia Nacional" que "por sus consecuencias puede producir efectos en las relaciones diplomáticas entre dos países, el Gobierno esté incómodo", explicó a la AFP Marcelino Sexmero, juez y portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria (moderada). Por eso, "es explicable la prudencia", para "no liar más la situación".Algo semejante se produjo cuando en 1998, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, lo que tuvo que tramitar el Gobierno de Aznar.Pero "es deseable que cuando un juez es atacado (...) el Gobierno, que ha salido en defensa del juez, hubiera sido más contundente y debería haber salido antes en su defensa", estima.En el auto se pide la busca y captura de 12 miembros de ETA y las FARC, pero no extradiciones o comisiones rogatorias, por lo que el Gobierno no debe hacer por el momento ningún trámite.